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‘Un Chernóbil en cámara lenta’

EL SALTO, México — Para cuando el contaminado río Santiago cae en una cascada a las afueras de Guadalajara, en la zona occidente de México, la peste parece abarcarlo todo: flota sobre los cultivos, se cuela dentro de las casas e impregna el agua de la llave.

El río huele a desperdicios industriales y desagüe, una catástrofe gestada durante años y que ahora tiene múltiples consecuencias. Los activistas afirman que las sustancias químicas desechadas por las fábricas contribuyen a formar una combinación tóxica que ha matado y enfermado a muchas personas a lo largo del río. Hace poco, el secretario del Medioambiente y Recursos Naturales dijo que en esa región se vive un “infierno medioambiental”.

“Este pueblo es como un Chernóbil en cámara lenta”, se lamentó Enrique Enciso, cuya casa en El Salto se ubica a solo unas cuadras del río. Su familia ha luchado desde hace más de una década para lograr que lo limpien.

Este río es un ejemplo perfecto del fracaso mexicano en la protección del medioambiente: un análisis realizado por The New York Times reveló que quince años de acciones diseñadas para limpiar el río Santiago han fracasado debido a vacíos legales, financiamiento insuficiente y falta de voluntad política.

Ahora, México ha suscrito un amplio pacto comercial con Estados Unidos y Canadá que incluye el compromiso explícito de conservar el medioambiente, una disposición esencial para obtener la aprobación de los demócratas que integran el Congreso estadounidense.

El caso del río Santiago, que atraviesa el estado de Jalisco, demuestra a la perfección cuán incapaz ha sido el gobierno de controlar a las empresas ubicadas en una cuenca importante.

La Organización de las Naciones Unidas identificó a este río como la vía navegable más contaminada de México. Fábricas y negocios agrícolas que impulsan la economía mexicana (y que deberán cumplir las obligaciones impuestas por el nuevo tratado comercial) descargan cantidades ilícitas de desechos en su cauce, casi sin ninguna consecuencia.

Por ejemplo, las fábricas deben registrar sus propias emisiones y encargarse de su tratamiento. Un ejercicio de buena fe que los mismos funcionarios reconocen que no funciona.

Menos de un tercio de las aguas industriales residuales del país se someten a tratamiento, según datos de 2017, dijo hace poco la directora general de la dependencia gubernamental a cargo de los ríos de México, la Comisión Nacional del Agua (o Conagua) durante un evento público.

Sí hay empresas que tratan sus aguas residuales, informó la directora, Blanca Jiménez. “Pero hay otras que no lo hacen a pesar de tener los medios económicos. En esos casos, el Estado debe intervenir”.

Pero el Estado casi nunca lo hace.

Aunque Conagua es responsable de regular las descargas industriales a los ríos, solo cuenta con un inspector para todo el estado de Jalisco. E incluso cuando la dependencia responde, las multas que puede imponer son demasiado bajas para desalentar la conducta.

En un ejemplo que consta en documentos obtenidos por el Times, la empresa Celanese Corp., con sede en Texas, reconoció ante Conagua que descargó cantidades ilícitas de desechos químicos en trece ocasiones durante el verano de 2015, incluidos casi 500 kilogramos de ácido clorhídrico, un compuesto corrosivo. La empresa culpó a las fuertes lluvias por el derrame, pero Conagua impuso una multa de 4300 dólares.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente también cuenta con facultades para inspeccionar las aguas residuales industriales, pero casi nunca lo hace. En el estado de Jalisco, los inspectores visitaron 73 empresas en un plazo de cinco años (2013-2018) para revisar las descargas de agua. Se calcula que unas 10.000 empresas, desde negocios familiares hasta empresas estatales de energía y grandes multinacionales, operan en la cuenca del río Santiago en Jalisco.

Los funcionarios mexicanos saben desde hace varios años que el río Santiago sufre una terrible contaminación. En 2008, un niño de 8 años, Miguel Ángel López Rocha, cayó accidentalmente en un afluente del río Santiago. Aunque logró salir con vida, para la hora de la cena sufría convulsiones y episodios de vómito. Murió unos días después por envenenamiento con arsénico causado por el río, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Su muerte atrajo la atención de todo el país a los niveles de contaminación del río, por lo que el estado encargó un estudio. El informe correspondiente, emitido en 2011 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, reveló que el río contenía niveles elevados de arsénico, plomo, cadmio, cianuro, mercurio y níquel.

Dos años después, una comisión establecida conforme al primer Tratado de Libre Comercio para América del Norte estudió la contaminación del río Santiago y el cercano lago de Chapala a solicitud de las comunidades locales. Descubrió fallas en el monitoreo y los sistemas de protección, así como pocas pruebas de “la supuesta implementación de un plan de restauración ecológica” para la región.

El problema fue que ese acuerdo, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, conocido como TLCAN, no contenía ninguna disposición relativa a multas para estos casos.

En 2017, el estado de Jalisco, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió de nuevo el río y determinó que su condición era “crítica”, pues los niveles de muchos contaminantes violaron en varias ocasiones los límites permitidos.

“En mi opinión, el río Santiago es una de las historias más vergonzosas, más terribles, de Jalisco y de México”, declaró el gobernador, Enrique Alfaro.

Después de asumir el cargo hace un año, Alfaro visitó el puente construido sobre la cascada que se ha convertido en símbolo de la contaminación del río y se comprometió a atacar el problema. Fue una promesa muy arriesgada, dado que cuenta con facultades y recursos limitados.

Los reglamentos vigentes en México son anticuados y están plagados de vacíos legales.

México reformó su legislación ambiental y creó nuevas dependencias nacionales después de que el TLCAN original de 1994 puso en la mira internacional cuán laxos eran sus estándares.

No obstante, ese impulso se disipó con gran rapidez cuando México se dedicó a atraer inversiones. Un cuarto de siglo después, los reglamentos mexicanos, en general, permiten que las fábricas descarguen más contaminantes en el agua y el aire de lo que se permite en Estados Unidos.

No existen límites para el número de fábricas autorizadas a descargar desechos en un río. La legislación no incluye algunas sustancias químicas orgánicas, como los pesticidas, así como muchos metales pesados, según Elizabeth Southerland, experta en materia de agua que trabajó en la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y realizó un análisis de las normas mexicanas.

La investigadora añadió que las normas son “totalmente inadecuadas para proteger la vida acuática y la salud humana”.

Las dependencias a cargo de verificar el cumplimiento de la ley cuentan con recursos escasos y muy poco apoyo político, por lo que no tienen presencia suficiente para imponerse a la industria en expansión del país y a la creciente población. Una propuesta de ajuste a los límites para las aguas residuales no ha logrado ningún avance, ya que fue bloqueada por el cabildeo de la industria, según Luis Esparza, abogado ambiental, y funcionarios de Conagua.

“La legislación está diseñada para normalizar las actividades contaminantes y darles el sello de aprobación legal”, explicó Cindy McCulligh, experta ambiental de la Universidad Autónoma de Zacatecas que se dedica a estudiar las causas que han provocado la contaminación del río Santiago. “Por otra parte, tenemos la ausencia total de inspecciones, así que se genera un ambiente de impunidad todavía mayor”.

Cuando el gobernador Alfaro les pidió ayuda a los funcionarios federales, le informaron que no había ni un solo peso disponible. El presupuesto federal para el medioambiente se ha reducido más de la mitad con respecto a la asignación de hace cinco años.

Sin ayuda del gobierno federal, Alfaro suscribió en agosto un convenio con las fábricas locales, en el cual las empresas hicieron constar su compromiso voluntario de respetar las reglas.

El gobierno “no tiene la capacidad de garantizar que todos respetemos la ley”, afirmó Rubén Masayi González, coordinador del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco en ese momento.

En teoría, las autoridades municipales también tienen el poder de revisar a los que contaminan: tienen el control de la zonificación y las emisiones en el sistema municipal de desagüe. Pero en la práctica tienen un prespuesto exiguo y poca capacidad técnica y son el eslabón más débil al momento de hacer cumplir las regulaciones.

Esto es lo que descubrió Carlos Maldonado, un exagricultor de trigo, cuando postuló a alcalde de Poncitlán, un municipio mayoritariamente rural que se encuentra río arriba, donde el Santiago rodea Guadalajara.

Durante décadas había visto cómo se iban formando montañas de espuma en los canales de irrigación que acarreaban agua del río hacia sus cultivos. Después los peces desaparecieron del río y la tierra quedó yerma.

En sus primeros días en el cargo, en 2010, decidió auditar a las empresas locales.

Le pidió a una planta química propiedad de Celanese, uno de los principales empleadores en Poncitlán, un reporte de sus emisiones. La planta operaba en Jalisco desde los años 40 pero cerró a finales de octubre debido, dijeron, a las condiciones del mercado.

Celanese le dijo a Maldonado que el pedido estaba fuera de su autoridad, contó Maldonado. Así que él les negó la licencia de operación como una forma de contrapeso.

Cuando el alcalde se negó a ceder, Celanese contactó al gobernador del estado. Después de una reunión entre funcionarios estatles y locales con los abogados de Celanese, Maldonado desistió.

Un vocero de Celanese, W. Travis Jacobsen, dijo que el alcalde no tenía motivo para retener licencias ni permisos porque la empresa jamás recibió un citatorio por irregularidades.

José Chedid Abraham, exdirector de Conagua para la cuenca del río Santiago, señaló que las leyes de protección contra la contaminación no son efectivas.

“Cada agencia se encarga de la pequeña parte que le corresponde”, comentó. “Eso deja mucho espacio de maniobra para que las empresas contaminantes puedan seguir contaminando”.

Esta situación bien podría cambiar con la entrada en vigor del nuevo tratado comercial, aseveró Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, una de las principales organizaciones ambientales de México.

Las modificaciones a la ley que el Congreso estadounidense añadió para aprobar el acuerdo incluyen una medida que exige a México corregir cualquier falla en el cumplimiento de la ley para evitar multas.

“Podría ser una señal importante”, indicó Alanís, y agregó que la medida por lo menos le dio “dientes de leche” al acuerdo. “Siempre hemos querido que haya mecanismos para exigir el cumplimiento de la ley”.

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