(CNN Español) — El clima político en Honduras se está enrareciendo en medio de la pugna entre el oficialismo y la oposición para escoger al fiscal general y el fiscal general adjunto.
Para el dirigente del Partido Nacional de Honduras (PNH), Fernando Anduray, la presidenta Xiomara Castro busca hacer de la Fiscalía un brazo político del gobierno.
«Es un esfuerzo del partido Libre de cerrar un círculo de poder para desatar una atroz persecución política y judicial contra la oposición política a fin de desarticular las fuerzas que defiendan el estado de derecho», señaló Anduray a CNN.
Según el dirigente opositor, hay una intención de montar una Asamblea Nacional Constituyente y Castro busca tener el control de los poderes del Estado para tal fin.
El jefe de la bancada del oficialista partido Libre en el Congreso Nacional, Rafael Sarmiento, rechazó las acusaciones de la oposición y dijo a CNN que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro busca que se elijan al fiscal general y adjunto para que respondan a los intereses del país y no de instituciones o personas en particular.
«En ningún momento el partido está buscando un fiscal que responda a nuestros intereses como dice la oposición, queremos que se imparta verdadera justicia y que sea pareja para todos», aseguró.
«Que los opositores saquen de su cabeza que queremos un fiscal para una Asamblea Nacional Constituyente», aseguró el diputado Sarmiento.
El analista Raúl Pineda Alvarado destacó a CNN que siempre que llega el momento de escoger a esos dos funcionarios, las agrupaciones políticas se esfuerzan para que se nombren personas afines a sus partidos, aunque en casos como el actual no tienen los votos suficientes en el Congreso para lograrlo por su cuenta.
Pineda Alvarado consideró que «el fiscal puede servir al (oficialista) Partido Libertad y Refundación como un instrumento para neutralizar toda la dirigencia de los partidos de oposición, en particular al Partido Nacional que es su mayor opositor».
Otra tesis, según Pineda Alvarado, es que detrás de la elección del nuevo fiscal y el fiscal adjunto haya otros proyectos políticos orientados a crear una crisis y «buscar la manera de instalar una asamblea Nacional Constituyente a la medida del gobierno y del partido que respalde el gobierno».
Pineda Alvarado interpreta que el impasse creado en el Congreso para la elección de los dos altos funcionarios del Ministerio Público se debe a que «los cinco nominados al puesto, aunque tienen militancia política, no gozan de la confianza del partido Libre ni del Partido Nacional y temen que una vez en la Fiscalía, serán totalmente independientes».
Para la elección del nuevo fiscal general y del fiscal adjunto se requieren los votos de al menos 86 de los 128 diputados del Congreso Nacional.
El partido oficialista solo tiene 50 votos y los cinco partidos de la oposición reúnen 78, por lo que es necesario algún tipo de consenso para nombrar a los dos funcionarios de la institución que tiene la exclusividad en la carga penal en Honduras y que duran en sus cargos cinco años.
