La propuesta, a la que podrían acogerse unos 4.7 millones, otorga el estatus de residente permanente condicional por un período de 10 años, al término de los cuales los beneficiarios podrán gestionar el retiro de las restricciones e incluso ser elegibles para obtener la ciudadanía. Por ahora, cuenta con el apoyo necesario en la Cámara de Representantes, pero no en el Senado, controlado por los republicanos.

Tres legisladoras demócratas presentaron este martes una iniciativa de ley que, de ser aprobada, regularizará la estadía de millones de dreamers, y cientos de miles de indocumentados protegidos por un Estados de Protección Temporal (TPS) y la denominada autorización de Salida Obligatoria Diferida (DED).

Denominada ‘Ley de Sueños y Promesas’ (H.R. 6), el proyecto es patrocinado por las representantes demócratas Lucille Roybal-Allard (California), Nydia Velázquez (Nueva York) e Yvette Clarke (Nueva York).

La propuesta daría a los beneficiarios el estatus de residente permanente condicional por un período de 10 años, al término de los cuales podrán gestionar el retiro de las restricciones e incluso ser elegibles para obtener la ciudadanía.

Para ser aprobado, el H.R. 6 necesita 218 votos en la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, y 60 en el Senado, en manos de los republicanos. Mientras que el voto afirmativo está asegurado en la cámara baja, en la alta es más difícil que consiga el apoyo necesario. Tampoco está garantizado la firma del presidente Donald Trump.

El proyecto podría beneficiar a un total aproximado de 2.7 millones de inmigrantes, ya que hay unos 429,000 protegidos por TPS y DED y poco más de 2,313,000 de jóvenes podrían aplicar al eliminar la edad y la fecha de entrada límite, como sí establecía DACA.

Entre los requisitos mínimos exigidos por el plan para los dreamers, deberán probar:

Que han estado presentes físicamente en Estados Unidos en los cuatro años anteriores a la fecha de promulgación de la iniciativa de ley.
Que tenían menos de 17 años cuando ingresaron al país.
A diferencia de otros proyectos de ley para los dreamers, esta versión no incluye un límite de edad para postular, y extiende la fecha de entrada para proteger a un mayor número de beneficiarios.
La Acción Diferida de 2012 (DACA) ampara de la protección actualmente a unos 700,000 dreamers. El H.R. 6 podría proteger a varios millones de indocumentados.

Además de presencia física, los potenciales benefactores deberán probar que:

Carecen de antecedentes criminales
No abusaron de las visas de estudiante.
No cometieron poligamia.
No han sido hallados culpables de tráfico de personas.
No han votado ilegalmente.
No renunciaron a la ciudadanía de EEUU para evitar el pago de impuestos.
Otras faltas que impiden a un indocumentado acceder a la residencia condicional incluida en el H.R. 6 son:

Cualquier delito federal o estatal sancionable con una pena de prisión de más de 1 año.
Tres o más delitos federales o estatales por los cuales la persona fue condenada en diferentes fechas y encarcelada por un total de 90 días o más.
Un delito de violencia doméstica (a menos que el solicitante sea víctima de violencia doméstica, agresión sexual, acoso, maltrato o negligencia infantil, maltrato o negligencia contra personas mayores, o trata de personas, haya sido golpeado o sometido a crueldad extrema o haya sido víctima de actividad delictiva).
Requisitos adicionales
Los dreamers deberán, además, presentar un certificado que demuestre que se graduaron de la escuela secundaria o haber obtenido un GED o credencial reconocida por el Departamento de Educación o estar en un programa para ayudar a los estudiantes a obtener un diploma de escuela secundaria.

Los postulantes a la green card o tarjeta verde condicionada deberán también pasar los controles de antecedentes de seguridad y cumplimiento de la ley, pagar una tarifa de solicitud razonable y registrarse para el Servicio Selectivo si es necesario.

Para obtener el estatus de residente permanente legal completo (LPR), los soñadores deberán:

Adquirir un título de una institución de educación superior de Estados Unidos o completar al menos dos años de buena reputación en un programa de licenciatura o superior, o en una carrera del área y programa de educación técnica de nivel postsecundario en EEUU.
Completar por lo menos dos años de servicio militar y, de ser dado de alta, recibió una baja honorable.
Estar empleado por períodos de tiempo de al menos tres años y al menos el 75% del tiempo ha tenido autorización de empleo.
El proyecto de ley también incluye una serie de disposiciones para los dreamers, que incluyen:

Derogar la Sección 505 de la Reforma de Inmigración Ilegal y la Responsabilidad del Inmigrante, Ley de 1996, que penaliza a los estados que otorgan matrícula estatal a estudiantes indocumentados sobre la base de residencia.
Permitir que los dreamers accedan a la ayuda financiera federal.
Asegurar que las personas con estatus de residente permanente condicional puedan acceder a licencias profesionales y comerciales.
Permitir a los dreamers elegibles y con orden de deportación que soliciten una exención.
Para los TPS y DED
La H.R. 6 permitiría a las personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) o DED cancelar los procedimientos de remoción si demuestran:

Que han estado en Estados Unidos por un período de 3 años antes de la promulgación de la Ley.
Que eran elegibles o tenían TPS al 25 de septiembre de 2016 o tenía el estado de DED al 28 de septiembre de 2016.
El plan de las congresistas Roybal-Allard, Velázquez y Clarke modifica además la ley actual de TPS para exigir que el secretario de Seguridad Nacional proporcione una explicación de la decisión de terminar una designación de TPS.
También requiere que el secretario del DHS proporcione un informe tres días después de publicar un aviso de dicha terminación. Este documento debe explicar la designación original y cualquier progreso realizado por un país para resolver los problemas que conducen a la designación de TPS.

El proyecto de ley H.R. 6 también aclara que se considerará que un inmigrante que ingresa al programa TPS ha sido inspeccionado y admitido en Estados Unidos.

El proyecto asegura la confidencialidad de los datos recolectados por el DHS y prohíbe que ese ministerio y/o dependencias use la información proporcionada por los migrantes para otros fines que no sean la postulación al programa de obtención de una residencia condicionada.