Emma Theissen Álvarez dice que nunca olvidará los rostros de los tres hombres que en 1981 fueron a su casa de Ciudad de Guatemala buscando a su hija, una dirigente estudiantil que había escapado de sus captores militares. Como no la encontraron se llevaron a Marco Antonio, su hijo de 14 años. Nunca lo volvió a ver.

Durante años, la familia guardó silencio, sin hablar de su dolor. Sin embargo, cuando Theissen y sus tres hijas acudieron a los tribunales, con lo que ayudaron a lograr las condenas por delitos contra la humanidad de los comandantes jubilados del Ejército, experimentaron una suerte de sanación.

“Una siente que está haciendo cosas para hacerle un poco de justicia a Marco Antonio”, comenta Theissen, quien ahora tiene 84 años. Sin embargo, esa justicia está en peligro.

En un revés que hace unos meses parecía inimaginable, los legisladores guatemaltecos tratan de aprobar una propuesta para otorgar amnistía por los delitos de guerra cometidos durante la brutal guerra civil del país que duró 36 años.

La votación del proyecto de ley está programada para el miércoles y, de ser aprobada, liberaría a más de treinta exmilitares de alto rango, soldados y policías civiles en las siguientes veinticuatro horas. Además detendría las investigaciones de miles de casos.

La amnistía ha cobrado fuerza en el congreso y, según los analistas, es una reacción a la lucha contra la impunidad y la corrupción. Lo que originalmente parecía ser un impulso de los grupos minoritarios de la extrema derecha al parecer cobró fuerza cuando el presidente Jimmy Morales, afectado por las acusaciones de corrupción, recurrió al ejército en busca de apoyo.

“Es un reflejo del debilitamiento del Estado de derecho en Guatemala”, comentó Alejandro Rodríguez, exfuncionario de justicia guatemalteco.

Los que están a favor de la amnistía afirman que solo tratan de seguir adelante y promover la paz. “Los tribunales han sido infiltrados por jueces y fiscales con inclinaciones ideológicas hacia un lado, la izquierda, que son los guerrilleros”, declaró el congresista que presentó la ley de amnistía, Fernando Linares, en una entrevista reciente en Ciudad de Guatemala.

Sin embargo, para las víctimas y sus familias, el proyecto de ley equivale a la negación de la justicia y de la historia, comentó Édgar Pérez, abogado en derechos humanos que ha presentado casos de crímenes de guerra ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tribunales guatemaltecos. “Para las víctimas, la sentencia es su certificado de la verdad; es su historia”.

Pérez y otros expertos en derechos humanos explican que la amnistía propuesta es anticonstitucional y viola los tratados internacionales, los acuerdos de paz de 1996 que pusieron fin a la guerra civil y las sentencias del máximo tribunal de justicia de Guatemala.

No obstante, temen que durante el tiempo que le tome al tribunal revocar la ley, los criminales de guerra liberados puedan atacar a los testigos, los fiscales y los jueces que llevaron sus casos.