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Grupos terroristas se instalan en Venezuela mientras crece la anarquía

José Manuel González sentado cerca de las tumbas de sus dos hijos, asesinados durante enfrentamientos entre delincuentes por rutas de contrabando, en Guarero, Venezuela. / Photographs by Adriana Loureiro Fernandez

GUARERO, Venezuela — Llevan agua potable a los residentes de los pajonales áridos, imparten talleres de agricultura y ofrecen revisiones médicas. Median en las disputas por la tierra, multan a los ladrones de ganado, resuelven divorcios, investigan delitos y castigan a los ladrones.

No son policías, ni funcionarios, ni miembros del gobierno de Venezuela, que prácticamente ha desaparecido de esta zona empobrecida del país.

Todo lo contrario: pertenecen a uno de los grupos rebeldes más conocidos de la vecina Colombia, considerado terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea por llevar a cabo atentados y secuestros durante décadas de violencia.

El colapso económico de Venezuela ha destruido tanto el país que los insurgentes se han instalado en grandes extensiones de su territorio, aprovechando la ruina de la nación para establecer sus propios mini-Estados.

Y lejos de huir por miedo o exigir que las autoridades los rescaten, muchos residentes aquí en las zonas fronterizas de Venezuela —hambrientos, perseguidos por las bandas locales de narcotraficantes y que denuncian desde hace tiempo el abandono de su gobierno— han dado la bienvenida al grupo terrorista por el tipo de protección y servicios básicos que el Estado no les proporciona.

Los insurgentes “son los que aquí trajeron la estabilidad”, dijo Ober Hernández, un líder indígena de la península de la Guajira junto a Colombia. “Trajeron la paz”.

Los guerrilleros marxistas del Ejército de Liberación Nacional, conocido como ELN, el mayor grupo rebelde que queda en América Latina, comenzaron a cruzar a la parte venezolana de la península el año pasado desde Colombia, donde han estado en guerra con el gobierno durante más de 50 años.

Con su país destrozado, el líder autoritario de Venezuela, Nicolás Maduro, ha negado durante mucho tiempo la presencia de insurgentes colombianos en su territorio. Pero, según algunos cálculos, los guerrilleros del otro lado de la frontera operan ahora en más de la mitad del territorio venezolano, según el ejército colombiano, activistas de derechos, analistas de seguridad y decenas de entrevistas en los estados venezolanos afectados.

El alcance de los insurgentes en Venezuela se hizo aún más evidente el mes pasado, cuando el gobierno lanzó la mayor operación militar en décadas para desplazar a una facción disidente de otro grupo rebelde colombiano —las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)— del remoto estado de Apure, donde los guerrilleros tendían emboscadas y colocaban minas improvisadas.

En la capital, Caracas, Maduro aún mantiene un firme control sobre los principales pilares del poder, y sus militares siguen siendo capaces de responder con fuerza a las amenazas a su gobierno. Pero en amplias zonas del país, el Estado venezolano y su autoridad se reducen drásticamente, lo que permite que grupos armados y organizaciones criminales de todo tipo tomen el control, a menudo con consecuencias devastadoras.

En marzo viajamos a la península de la Guajira venezolana, invitados por líderes indígenas, para documentar el retroceso del estado y la anarquía que llena el vacío.

El precipitado colapso económico de Venezuela —resultado de años de mala gestión gubernamental, seguido de devastadoras sanciones estadounidenses contra el gobierno de Maduro— desencadenó una guerra en la península entre grupos criminales por el control de las rutas de contrabando hacia Colombia, dijeron los residentes. Durante dos años, buena parte de la violencia recayó en el pueblo indígena wayuu, que desde hace mucho tiempo se divide entre los dos países.

Atrapados en el fuego cruzado, las familias wayuu contaron que huían de sus casas por la noche y llamaban a los niños rezagados mientras corrían, dejando atrás todas sus posesiones, su ganado y las tumbas recientes de sus familiares.

Cientos de ellos escaparon a través de los matorrales hacia Colombia. Los que se quedaron dijeron que vivían aterrorizados, resignados a que el gobierno de Venezuela no les ofreciera ninguna protección.

Entonces, dijeron, el año pasado empezaron a aparecer ofreciendo ayuda a los wayuu rebeldes del ELN con armas y acento colombiano. Organizado y bien armado, el ELN desplazó rápidamente a las bandas locales que aterrorizaban a los pueblos. Los guerrilleros impusieron duras penas por robo y cuatrerismo, mediaron en las disputas por la tierra, transportaron agua potable en camiones, ofrecieron suministros médicos básicos e investigaron los asesinatos de una manera que el Estado nunca hizo, dijeron los residentes.

Sin embargo, no fue una iniciativa caritativa. A cambio de aportar estabilidad, el ELN se hizo cargo de las rutas de contrabando y narcotráfico de la zona, al igual que ha hecho en otras partes de Colombia. También comenzó a cobrar impuestos a los comerciantes y ganaderos.

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