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El reglamento quedó abierto al comentario público por espacio de 60 días, hasta el 10 de diciembre. Después de ese plazo, el gobierno deberá considerar las opiniones enviadas y tenerlas en cuenta al momento de redactar el documento final.

El gobierno del presidente Donald Trump publicó este miércoles en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) el nuevo reglamento de inadmisibilidad de carga pública, a pesar de las críticas lanzadas por organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, abogados y grupos religiosos, entre otros, quienes temen que si entra en vigor castigará severamente a inmigrantes pobres y enfermos.

La regla queda abierta al comentario público por espacio de 60 días, hasta el 10 de diciembre. Después de ese plazo el gobierno deberá considerar las opiniones enviadas en el documento final.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el cambio de regla el pasado 24 de septiembre en su página digital.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, dijo entonces que “bajo una ley federal de larga data, aquellos que buscan inmigrar a Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente”. La funcionaria agregó que los cambios propuestos “promoverán la autosuficiencia y protección de recursos finitos asegurando que los inmigrantes no se conviertan en una carga para los contribuyentes”.

Las críticas al nuevo plan de Trump no se hicieron esperar. Abogados consultados por Univision Noticias advirtieron que el endurecimiento de las medidas “obliga a revisar en detalle” el reglamento de cada ayuda que un inmigrante haya solicitado o vaya a requerir en el futuro.

El gobierno del presidente Donald Trump publicó este miércoles en el Registro Federal (diario oficial estadounidense) el nuevo reglamento de inadmisibilidad de carga pública, a pesar de las críticas lanzadas por organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, abogados y grupos religiosos, entre otros, quienes temen que si entra en vigor castigará severamente a inmigrantes pobres y enfermos.

La regla queda abierta al comentario público por espacio de 60 días, hasta el 10 de diciembre. Después de ese plazo el gobierno deberá considerar las opiniones enviadas en el documento final.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el cambio de regla el pasado 24 de septiembre en su página digital.

La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, dijo entonces que “bajo una ley federal de larga data, aquellos que buscan inmigrar a Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente”. La funcionaria agregó que los cambios propuestos “promoverán la autosuficiencia y protección de recursos finitos asegurando que los inmigrantes no se conviertan en una carga para los contribuyentes”.

Las críticas al nuevo plan de Trump no se hicieron esperar. Abogados consultados por Univision Noticias advirtieron que el endurecimiento de las medidas “obliga a revisar en detalle” el reglamento de cada ayuda que un inmigrante haya solicitado o vaya a requerir en el futuro.

Cuesta arriba
La Red de Ayuda Legal CLINIC de la Iglesia Católica, una de las principales organizaciones nacional de ayuda a inmigrantes en Estados Unidos, dijo que la regla propuesta por el gobierno “hará mucho más difícil para los inmigrantes solicitar el estatus de inmigración legal en los Estados Unidos”.

El reglamento publicado este miércoles en el Registro Federal “ampliará drásticamente la definición de lo que significa ser una carga pública, lo que podría impedir que un inmigrante mantenga u obtenga un estatus legal de inmigración”, añade.

CLINIC dice además que la política actual con respecto a la carga pública “permanecerá sin cambios hasta que los comentarios públicos se recopilen y revisen, y se publique una regla final. Eso, como mínimo, llevará varios meses”.

Bajo el reglamento vigente, el gobierno prohíbe a los inmigrantes que han solicitado ayudas públicos si el servicio de inmigración encuentra que, probablemente, dependerían de la asistencia pública en efectivo o que necesitarían atención médica a largo plazo a cargo del gobierno.

Bajo la regla propuesta, dice CLINIC, la lista de beneficios públicos que cuentan contra un inmigrante se ampliaría enormemente. Los beneficios que la administración propone que se agreguen a la lista de cargos públicos son beneficios que apoyan a las familias con estatus de inmigración mixta y protegen la salud pública, asegurando que los niños puedan prosperar”.

CLINIC alentó a todas las agencias de la red nacional “y a nuestros socios, a enviar un comentario en oposición a esta propuesta”. Y dijo que, durante los 60 días a partir de hoy para enviar comentarios, “actualizaremos la información para ayudar a escribir y enviar un comentario”.

La nueva herramienta sugerida por el gobierno de Trump “establece una rúbrica complicada a través de la cual un agente de la USCIS tendrá que hacer un inventario extenso de la habilidad económica del solicitante, para con esos datos determinar si la persona será una futura carga pública o no”, explica Armando Olmedo, abogado de inmigración y coautor del libro ‘Inmigración: Las Nuevas Reglas’, una guía de Univision.
“Se trata de una propuesta que cambiaría completamente la manera en cómo el gobierno define el uso de beneficios públicos”, agregó.

“El gobierno ahora analizará todos los factores, tal como edad, habilidad de trabajar, historial médico, nivel de educación y uso de beneficios públicos, entre otros, para ver si en su totalidad el análisis conlleva una determinación de que la persona será o se convertirá en una carga pública’”, indicó.

A quiénes no afecta

El nuevo reglamento, cuya copia fue anticipada por el DHS cuando hizo el anuncio el 24 de septiembre, indica que no todos los inmigrantes se verán afectados por la nueva definición del concepto de ‘carga pública’.

Estos son los principales grupos de inmigrantes que quedarán exentos de ser declarados como carga pública en caso de solicitar, por ejemplo, una visa o la residencia (tarjeta verde):

  • Refugiados y asilados. (Aquellos que piden la protección del gobierno de Estados Unidos y que tienen un temor creíble de que sufrirán persecusión por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social en particular u opinión política).
  • Intérpretes afgano e iraquío ciudadanos afganos o iraquíes empleados por o en nombre de la Gobierno de Estados Unidos, de conformidad con la sección 1059(a)(2) de la Ley de Autorización de Defensa Nacional para Año fiscal 2006.
  • Cubanos y haitianosque obtuvieron ajuste de estatus bajo el amparo de la Reforma de Inmigración de la Ley de Control de 1986 (IRCA).
  • Extranjeros que solicitan ajuste de estatusde conformidad con laLey de Ajuste Cubano
  • Nicaragüenses y otros centroamericanos que están ajustando su estatus de conformidad con la sección 202(a) Sección 203 de la Ley NACARA.
  • Haitianosque están ajustando su estatus de conformidad con la Sección 902 de la Ley de Refugiado Haitiano de 1998.
  • Inmigrantes amparados bajo elPrograma de Jóvenes Especiales (SIJ). Ciertos menores que son elegibles para pedir la residencia legal y que han estado sujetos a un proceso judicial juvenil estatal relacionado con el abuso, negligencia, abandono u otra forma similar bajo la ley estatal.
  • Extranjeros que ingresaron a los Estados Unidos antes del 1 de enero de 1972y se encuentran y que reúnen requisitos para obtener la residencia de conformidad con el Artículo 249 de la Ley de Inmigración (INA).
  • Extranjeros que solicitan el Estatus de Protección Temporal(TPS) de conformidad con la Sección 244(c) de la Ley de Inmigración.
  • No-inmigrantes víctimas de tráfico humanoque pidenVisa T.
  • No-inmigramtesvíctimas de crimenesque pìden lavisa U.
  • Víctimas de abuso domésticopeticionario del amparo bajo la Ley VAWA.
  • Extranjeros que ajustan estatus bajo elamparo de la Ley de Autorización de la Defensa Nacionalpara el año fiscal 2004.

“La propuesta también enumera renuncias o waivers de este requisito de determinación de inadmisibilidad a base de carga pública, tal como ya han sido establecidas por el Congreso”, indicó Olmedo.

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