Las demoras en los trámites del servicio de inmigración activaron miles de demandas en tribunales civiles para obligar al gobierno agilizar procesos y poner fin a las colas que, en algunos trámites, duplicaron y hasta triplicaron el tiempo de respuesta.
A finales de marzo la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) reconoció que había “acumulado un número significativo de casos pendientes” y anunció medidas para reducir los plazos de procesamientos.
Datos de la agencia indicaban que la USCIS tenía acumulados más de 9.3 millones de casos, entre ellos solicitudes de ajuste de estatus (residencia legal permanente), peticiones de ciudadanía por naturalización, permisos de trabajo, y renovaciones de DACA y Estatus de Protección Temporal, (TPS) entre otros trámites que gestiona la agencia.
Reporte del TRAC
Un informe elaborado por el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC en inglés) de la Universidad de Syracuse revela que el gobierno federal se enfrenta a una serie de demandas por no tomar medidas en una variedad de solicitudes relacionadas con la inmigración.
Agrega que, en mayo de este año, los tribunales civiles federales registraron 647 demandas relacionadas con inmigración por un recurso legal conocido como ‘ writs of mandamus’, un tipo de demanda que busca obligar al gobierno a tomar una acción legal.
También le exige tomar otras acciones de inmigración, “la gran mayoría de las cuales estaban vinculadas a demoras procesales o decisiones por parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”, bajo cuyo mando opera la USCIS.
Cifra récord
De acuerdo con el análisis del TRAC, el número de demandas entabladas contra el gobierno “es el mayor de tales casos presentados en un solo mes (647 en mayo) desde al menos octubre de 2007, la fecha más temprana para la que TRAC tiene datos”.
A este ritmo, advierten los investigadores, los tribunales verán 6,276 casos de este tipo para fines de este año fiscal que culmina el 230 de septiembre, frente a las 4,347 demandas del año fiscal 2021.
El sistema de inmigración estadounidense se basa en una amplia variedad de solicitudes y otros documentos sobre los que se debe actuar, generalmente emitiendo una aprobación o denegación de un caso o petición. Eso incluye solicitudes que son decididas por jueces de inmigración, empleados de USCIS o del Departamento de Estado (DOS).
El último dato
La semana pasada Univision Noticias reportó que 9.2 millones de extranjeros residentes legales permanentes (LPR) que viven en Estados Unidos califican para pedir la ciudadanía por naturalización (Formulario N-400), pero que el trámite para conseguirlo demora en promedio 14.6 meses.
A finales de 2016 la gestión tardaba entre 4 y 6 meses, pero las duras políticas migratorias adoptadas durante el gobierno de Donald Trump en el marco de su política de ‘tolerancia cero’ y el cierre de oficinas por la pandemia del coronavirus a partir de marzo de 2020, las demoras en el procesamiento de solicitudes se triplicó.
Abogados de inmigración consultados por Univision Noticias coinciden en que el gobierno está “haciendo lo posible” para reducir los tiempos, pero se necesitará tiempo y recursos para llegar al nivel de 2016.
Para Jaime Barrón, quien ejerce en Dallas, Texas, en el gobierno ocurre lo mismo que en el sector privado, “la pandemia vació puestos de trabajo que ahora necesitan ser llenados para recuperar el nivel de trabajo que había en marzo de 2020”, cuando se decretó la alerta mundial de salud pública.
Impacta todos los trámites
No solo los trámites de ciudadanía están afectados por las demoras. El reporte del TRAC señala que, en los últimos años, los tiempos de procesamiento de los casos en USCIS han aumentado considerablemente, “lo que ha llevado a muchos inmigrantes a esperar períodos prolongados para saber si se aprobará su documentación”.
“Para algunos solicitantes, las demoras en las agencias gubernamentales podrían significar que una persona fuera de los Estados Unidos deba esperar para reunirse con sus familiares dentro del país o que una persona dentro del país tenga que vivir en un limbo legal durante meses o años mientras espera un resultado”, advierte.
Para otros extranjeros los retrasos en la agencia “significan esperar la autorización de trabajo u otros trámites que pueden requerir poco más que una firma superficial, pero que impiden que la persona trabaje y participe plenamente en la sociedad”.
El estudio precisa que las demandas “pueden acelerar la obtención de una decisión sobre su solicitud, pero esa decisión bien podría ser la denegación del trámite. No hay garantía de que sea aprobado”.