El fallo emitido el lunes (16 de mayo de 2022) por la Corte Suprema de Justicia en el caso Patel v. Garland deja a las puertas de la deportación a cualquier inmigrante que se haya equivocado durante un trámite que posteriormente sea rechazado por un oficial o un juez de inmigración.
Hasta antes del dictamen, quedaba la instancia de la apelación ante las cortes federales, incluso el máximo tribunal de justicia, pero los magistrados, en una decisión dividida 5-4, determinaron en contra de los extranjeros que buscan una revisión judicial de los errores cometidos por las agencias involucradas en un caso de inmigración.
La jueza Amy Coney Barrett, nombrada por el expresidente Donald Trump, escribió en la sentencia que los tribunales federales “tienen prohibido categóricamente” considerar tales asuntos (de inmigración, porque no tienen jurisdicción en los tribunales federales).
El dictamen constituye un duro golpe para un número indeterminado de inmigrantes en proceso de alcanzar un beneficio, afectados por una decisión adversa tomada discrecionalmente por un funcionario o para otros miles que el día de mañana soliciten un beneficio legal disponible y, durante el trámite, cometan un error involuntario que detenga pedido y se convierta en una indeseada e inesperada causa de deportación de Estados Unidos.
