Desde el futuro de DACA hasta los juicios secretos en la frontera: los siete temas migratorios clave en el 2020

Por: Univision Noticias

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El 2020 será decisivo -y también incierto- para miles de inmigrantes en Estados Unidos, desde miles de jóvenes con una deportación diferida y una autorización de empleo, hasta otros cientos de miles de solicitantes de asilo que huyeron de sus países para salvar sus vidas y ahora temen perderla, porque nada ni nadie les puede garantizar que serán protegidos.

La política de ‘tolerancia cero’ implementada por el gobierno de Donald Trump desde los primeros días de su presidencia, avanza a golpe de memorandos y órdenes ejecutivas sin un solo respaldo del Congreso. Y con el paso de los meses se van conociendo nuevas interpretaciones de reglamentos que alteran, no solo la interpretación de la Ley de Inmigración vigente, si no que afectan e impactan severamente en el uso de la discrecionalidad por parte de los agentes federales que la ejecutan.

Y en cuanto al futuro de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país, algunos desde hace más de dos décadas, el único alivio que asomó en el horizonte es una ley para trabajadores agrícolas aprobado por la Cámara que no ha tenido mayor recepción por parte del Senado y la Casa Blanca.

El futuro para el 2020 vuelve a ser incierto. Estas son las 7 claves migratorias para este año que recién comienza.

1. DACA
Tras una audiencia en noviembre para escuchar los argumentos orales del gobierno, que quiere eliminar la Acción Diferida de 2012 (DACA), y de los defensores del programa que protege de la deportación a unos 700,000 jóvenes, la Corte Suprema de Justicia estudiará el programa y tomará una decisión sobre su legalidad.

El programa fue cancelado por Trump el 5 de septiembre de 2017, pero el 9 de enero de 2018 una corte federal del norte de California lo restituyó, excepto para nuevas inscripciones. A partir de entonces se inició una larga batalla jurídica que ha provocado al menos otros cuatro fallos de respaldo, incluyendo uno de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito, que abrieron la puerta para llegar hasta el máximo tribunal de justicia del país.

El gobierno insiste en que el presidente, en uso de su autoridad presidencial, canceló el programa “basado en su creencia” y ante las “serias dudas” de que la política de DACA, creada por el expresidente Barack Obama “es ilegal”. Y que la decisión respecto eliminar el beneficio la tomó utilizando “la discreción” que al presidente le otorga su Autoridad Presidencial (APA), un tema que no está en juego y no debe ser revisado por el organismo Judicial.

“El debate hasta ahora es confuso”, dice Lilia Velásquez, abogada de inmigración y profesora adjunta de la facultad de leyes de la Universidad de California, en San Diego. “Los abogados de ambas partes citaron muchos argumentos, pero el principal es determinar la jurisdicción de la corte, si el poder Judicial tiene derecho a revisar la cancelación de DACA ordenada por el presidente en uso de su discreción bajo su autoridad presidencial”.

Se espera que la Corte Suprema emita un veredicto entre enero u junio. Analistas dicen que lo más probable es que sea a finales del verano.

2. Nuevas tarifas de USCIS
El pasado 30 de diciembre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cerró la ventanilla de recepción de comentarios sobre las nuevas tarifas por los servicios que brinda la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS).

Los nuevos precios entrarán en vigor una vez que la USCIS revise, considere las opiniones del público, escriba el reglamento final y lo publique en el Registro Federal (diario oficial estadounidense).

El promedio del alza fue estimado en un 21% y afectará a la mayoría de los trámites migratorios, entre ellos la ciudadanía de $640 a $1,170 (83% de aumento).

Las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes presionan para que el gobierno de Donald Trump deje sin efecto el alza. “Le van a pegar a la gente mas vulnerable de nuestra comunidad”, dice Petra Falcón, directora ejecutiva de la organización PROMISE Arizona. “Mire, hoy en día no todos los residentes tienen $640 para pagar el formulario de ciudadanía (N-400). Cuando aumenten los precios, nadie tendrá $1,170. Y a esto agregue la toma de huellas digitales, y ojalá no necesiten un abogado que les ayude”.

Las principales alzas impactarán en los Formularios I-929 (subirá a $1,515, un 559%); Formulario I-881 (subirá a 1,800, un 532%); Formulario 1041A (subirá a $385, un 492%); Formulario N-300 (subirá a $1,050, un 389%); y el Formulario I-193 (subirá a $2,790,, un 377%).

El trámite más caro será el gestionado por medio del Formulario I-924 (Solicitud para la designación de centro regional bajo el programa de inversionistas EB-5), que tendrá un costo de $17,795.

3. Cambio en visas H-1B
A partir del 1 de marzo el servicio de inmigración inicia un nuevo proceso para asignar la cuota anual de visas H-1B (para profesionales extranjeros). Se hará por medio de un sistema electrónico en el cual los empleadores que las soliciten participarán en una lotería.

La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) argumenta que el nuevo sistema facilitará la asignación de la cuota, simplificará el proceso y dará las mismas oportunidades a todos los patronos que solicitan una de estas visas.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) respalda el cambio y confía en que a partir de este año las 85,000 visas disponibles se otorguen en igualdad de condiciones.

La visa H-1B es usada principalmente para trabajadores de la industria de alta tecnología y para profesionales extranjeros con título universitario que desempeñan trabajos especializados que requieren conocimientos teóricos o técnicos. La lista de profesionales incluye ingenieros, periodistas y programadores de computadoras, entre otros.

El programa de visas H1B fue creado en 1990. Durante los años fiscales 2001 a 2004 el Congreso autorizó extender la cuota de 65,000 a 195,000 visas. Pero el 30 de septiembre de 2004 se volvió a la cantidad original de 65,000. El cupo fue ampliado en atención a pedidos formulados por la Asociación Americana de Tecnologías de la Información (ITAA), entre las que se encuentran empresas tales como Microsoft, Oracle y Sun Microsystems.

A finales de 2004 el Congreso dispuso una cuota adicional de 20,000 visas para profesionales extranjeros graduados o que hayan obtenido una maestría en Estados Unidos. La ampliación del cupo se hizo en atención a peticiones de empresas que requieren este tipo de permisos.

El reglamento exige que el empleado extranjero contratado tenga al menos un título universitario o su equivalente. Los familiares inmediatos de portadores de visas tipo H-1B (cónyuges e hijos menores de edad solteros) reciben una visa tipo H-4.

4. Reforma migratoria agrícola
La segunda semana de diciembre la Cámara de Representantes aprobó, con respaldo bipartidista, una reforma migratoria para legalizar a cientos de miles de trabajadores del campo que llevan tiempo en Estados Unidos, carecen de antecedentes criminales y pagan impuestos.

El plan, denominado ‘Ley de Modernización de la Fuerza de Trabajo Agrícola’, fue encabezado por los representantes Zoe Lofgren (demócrata por California) y Dan Newhouse (republicano por Washington) y fue negociado durante poco más de ocho meses. La iniciativa contó además con el respaldo del sector agrícola y organizaciones laborales, y se presentó con el apoyo de 26 demócratas y 23 republicanos.

Se desconoce si el senado, controlado por los republicanos, llevará al pleno la iniciativa y si esta, a su vez, tendrá el respaldo de la Casa Blanca. Pero fuentes de ambos partidos en la Cámara Baja dijeron a Univision Noticias que, con el respaldo del sector empresarial agrícola, presionarán al Senado para que someta a votación el proyecto.

“Lo que esperamos es que los rancheros sigan trabajando con los republicanos haciendo conciencia, porque es necesario. Los agricultores nos necesitan, nosotros los necesitamos a ellos y Estados Unidos necesita de todos nosotros para seguir comiendo. Pero hay que seguir trabajando mucho”, dijo Lauro Barajas, de la Unión de Trabajadores Campesinos, Oficina Regional de Oxnard, California.

5. Permisos de trabajo para visas H-4
En febrero de 2019 la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) le dijo a Univision Noticias que la agencia “continuaba revisando” los programas de visa basados en empleo, incluidas las visas H-4 y E. “Ninguna decisión sobre la regulación relativa a la elegibilidad laboral de ciertos cónyuges H-4 es definitiva hasta que se complete el proceso de reglamentación” dijo en ese Jessica Collins, vocera del servicio de inmigración.

Once meses después todavía está pendiente una decisión sobre el tema, que impactará en unos 100,000 cónyuges de portadores de visa H-1B, quienes están en espera de un cupo de visa disponible en el trámite final de la residencia legal permanente (green card o tarjeta verde).

A finales del año fiscal 2018 había 90,646 portadores de visas H-4, según datos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS). La mayoría de los beneficiarios son mujeres (esposas).

Las visas E, explica el libro ‘Inmigración: Las Nuevas Reglas’, fue creada para uso de inversionistas o comerciantes de países que han firmado tratados comerciales con Estados Unidos, y su objetivo es facilitar la interacción comercial y económica. Esta visa se solicita directamente en la embajada o en un consulado estadounidense.

El programa que otorga permisos de trabajo a portadores de H4 con residencia aprobada fue creado el 20 de noviembre de 2014 por el entonces gobierno de Barack Obama y entró en vigor el 15 de mayo del 2015.

La primera advertencia respecto al futuro del programa fue lanzada en abril del 2017 cuando Trump firmó la orden ejecutiva ‘Compre productos estadounidenses y contrate estadounidenses’.

En noviembre de ese año reportes de prensa revelaron que el mandatario planeaba eliminarlo como parte de su política de priorizar los empleos para los trabajadores estadounidenses, una de sus promesas de campaña. Desde entonces la USCIS ha estado trabajando en el reglamento.

En agosto del año 2018 el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entregó un documento a una corte federal del Distrito de Columbia donde reconoció que estaba a punto de aprobar las nuevas normas. El reporte respondió a una demanda presentada por la organización Save Jobs USA, que trata de impedir la anulación del reglamento del programa.

La Casa Blanca ha señalado que la orden ejecutiva ‘Compre productos estadounidenses y contrate estadounidenses’, firmada por Trump el 18 de abril del 2017, tiene como objetivo crear sueldos y tasas de empleo más altos para los trabajadores estadounidenses, y proteger sus intereses económicos por medio del cumplimiento y la administración rigurosa de las leyes de inmigración.

El decreto, además, pretende controlar la asignación de las visas H-1B, pero no su proceso. “Vamos a revisar la contratación de estadounidenses para proteger los puestos de trabajo”, dijo Trump en tono de campaña durante un evento en Kenosha, Wisconsin, cuando firmó la orden.

Analistas advierten que por tratarse de una promesa de campaña, lo más probable es que el gobierno autorice y publique el reglamento este año electoral.

6. Atasco en las cortes de inmigración
Datos recientes publicados por el Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Siracusa, en Nueva York, revelan que las cortes de inmigración tienen cerca de 1.1 millones de casos acumulados, y el promedio de días de espera para la resolución de un caso es de 699.

A su vez, advierte que la mayoría de los casos no se ventilan en tribunales ubicados en estados fronterizos con México, donde se genera el mayor número de arrestos e inicios de procesos de deportación, sino en estados ubicados en el extremo Norte, como Nueva York, Nueva Jersey o Washington.

El TRAC también señala que, contrario a lo que muchos puedan pensar, no son inmigrantes mexicanos quienes encabezan la lista de procesados, sino guatemaltecos, seguidos por hondureños. Los ciudadanos procedentes de México ocupan el tercer lugar en la lista.

Los informes también muestran que, de los 1,071,076 casos acumulados en las cortes de inmigración al 20 de noviembre, solo 17,825 tiene cargos criminales, lo que representa el 1.6% del total. El resto solo tiene o enfrenta cargos por faltas de inmigración.

Entre las faltas graves se incluye el regreso no autorizado después de una deportación.

Cuando Trump llegó a la Casa Blanca en enero de 2017, las cortes de inmigración tenían acumulados unos 530,000 casos.

7. Juicios secretos
Establecidos en el primer trimestre de 2019, los tribunales provisionales erigidos en la frontera para procesar a miles de inmigrantes que llegan a Estados Unidos en busca de asilo, amenazan con ser extendidos al resto de la frontera con México.

En estas cortes se celebran juicios secretos donde jueces procesan simultáneamente a grupos numerosos de migrantes por medio de un sistema de video conferencia. Menos del 2% de quienes han sido procesados hasta ahora han contado con representación legal y de ellos una mínima porción ha conseguido ganar sus casos.

Los jueces de inmigración han dicho que están “profundamente preocupados” por los juicios secretos implementados en la frontera por el gobierno de Trump, y advierten graves violaciones al debido proceso de los migrantes que huyen de sus países y llegan en busca de asilo en la frontera.

La Asociación Americana de Jueces de Inmigración (NAIJ) “cree firmemente que la transparencia y el acceso público a nuestros procedimientos son esenciales para garantizar que cada persona que se presente ante nuestros tribunales reciba el debido proceso requerido por la ley”, señala.

Los jueces indican además que “estamos profundamente preocupados porque los procedimientos acelerados que se llevan a cabo en la frontera han invadido la capacidad de las personas de encontrar abogados para representarlos en estos casos complejos, e incluso han hecho que el acceso por parte de abogados voluntarios sea difícil, si no imposible”.

La mayoría de los procesados en estos tribunales son migrantes que han sido regresados a México bajo el programa Protocolo de Protección de Migrantes (MPP), que comenzó a funcionar el 20 de enero de 2019, fecha del segundo año de instauración del gobierno de Trump. A finales de noviembre el MPP había retornado al vecino país a más de 56,000 migrantes, la mayoría procedentes de Centroamérica. Bajo el MPP, una vez el migrante solicita asilo en la frontera, es entrevistado y luego regresado a México a esperar ahí la resolución de su caso en las cortes de inmigración de Estados Unidos. Cabe recordar que los tribunales de inmigración tienen acumulados caso 1.1 millones de expedientes y el tiempo promedio de espera para la resolución de un caso es de 699 días.