Un panel de tres jueces escuchará los argumentos de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, la Universidad de Princeton y Microsoft Corp., así como de del gobierno federal sobre la legalidad o no de la decisión de Donald Trump que puso fin al programa que beneficia a los dreamers.

La corte de apelaciones del 6to Circuito celebra este viernes una audiencia sobre la legalidad del programa de Acción Diferida de 2012 ( DACA) , cancelado por el gobierno de Donald Trump el 5 de septiembre de 2017, pero restablecido por tres cortes de distrito.

Los fallos de las cortes inferiores, además, cuentan con el respaldo de un panel de jueces de la Corte de Apelaciones del 9 Circuito.

Tribunales federales de distrito de San Francisco (California), Brooklyn (Nueva York) y el Distrito de Columbia (capital de Estados Unidos) calificaron de “arbitraria” y “caprichosa” la cancelación ordenada por el presidente Donald Trump y ordenaron restablecer el programa en los mismos términos que se encontraba el 4 de septiembre de 2017.

La orden de los tribunales permite a unos 700,000 jóvenes indocumentados que entraron siendo niños a Estados Unidos y se les conoce como dreamers, seguir amparados de la deportación y solicitar una autorización de empleo renovable cada dos años, excepto para aquellos que nunca se acogieron al programa.

Qué escucharan los jueces
Los tres jueces del panel de la Corte de Apelaciones del 6to Circuito escucharán los argumentos de los abogados de los demandantes (la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color -NASACP-, estudiantes de la Universidad de Princeton y Microsoft Corp.) y del gobierno (Departamento de Justicia) sobre la legalidad o no de la decisión del gobierno que puso fin al programa.

DACA fue creado el 15 de junio del 2012 durante el primer gobierno de Barack Obama, en respuesta a la inacción por parte del Congreso para discutir y aprobar una reforma migratoria que legalizara a la mayoría de los 11 millones de indocumentados, una promesa de campaña del entonces mandatario.

El 9 de enero del año pasado una corte de California ordenó al gobierno de Trump restituir el programa. El 13 de febrero un segundo tribunal, de Brooklyn, emitió un dictamen similar. Y el 24 de abril un tercer juez federal, esta vez de Washington DC, falló a favor de DACA y dio un plazo al gobierno para explicar por qué no debía aceptar nuevas solicitudes.

El 17 de agosto el juez John Bates ratificó el dictamen, pero eximió al gobierno de aceptar nuevas solicitudes después que la mexicana María Perales, una dreamers de la Universidad de Princetony Microsoft, decidieron no apelar la decisión anunciada por el Departamento de Justicia de oponerse a la recepción y tramitación de peticiones de DACA de soñadores que antes no habían solicitado el amparo.

Por qué la audiencia
La audiencia de este viernes se lleva a cabo porque el 22 de enero la Corte Suprema de Justicia anunció que no intervendría sobre el futuro del programa hasta que resolvieran la disputa judicial los tribunales inferiores.

La decisión mantiene vivo el programa en los mismos términos ordenados por los fallos del 9 de enero, 13 de febrero y 24 de abril del año pasado, y la decisión de la Corte de Apelaciones del 9º Circuito.

Además del 6º Circuito, el gobierno también apeló en el 2do y el 4to, decisiones que todavía se encuentran pendientes. La corte de apelaciones del 2do Circuito escuchó los argumentos en enero.

Sea cual fueren las decisiones de las cortes de apelaciones, ambas partes han prometido elevar el caso a la Corte Suprema, instancia que, habiéndose agotado las disputas en los tribunales inferiores, no tendrán otra salida que aceptar la demanda y revisar la legalidad de DACA en última instancia.

El máximo tribunal de justicia, en caso de que determine revisar la legalidad del programa, tomaría una decisión probablemente en 2020. Mientras y si nada cambia, el amparo de deportación sigue vigente.

Ofensiva fallida
El 1 de mayo una coalición de 10 estados encabezados por Texas demandó la legalidad y vigencia de DACA ante una corte en Houston. Pero a finales de agosto el juez Andrew S. Hanen negó la petición. Los demandantes alegaban que el presidente Barack Obama cambió la ley de inmigración al crearlo, una facultad que solo le compete al Congreso.

Una semana antes del dictamen la Fiscalía de Texas había dicho a Univision Noticias que el desafío de los estados que participaron en la demanda era la totalidad del programa “y su constitucionalidad”.

“En cambio quienes lo defienden demandaron la decisión que tomó el presidente Trump de cancelar DACA. Son cosas totalmente distintas”, dijo en ese entonces Teresa Farfán, encargada de las relaciones con la prensa en español de la oficina del fiscal general Ken Paxton.

“Ese es el enfoque de nuestra demanda”, puntualizó. “Lo que se busca con nuestra acción legal es que se detenga el programa en su totalidad. No estamos pidiendo que deporten a todo el mundo o que se quiten los permisos de trabajo que ya se dieron, sino que se elimine el programa y no pueda haber nuevas renovaciones porque es ilegal”.

Sin embargo, el pasado 6 de febrero el fiscal general Paxton pidió a una corte federal de Texas anular las protecciones que permiten a los dreamers trabajar y vivir en Estados Unidos sin miedo a ser deportados.