TEGUCIGALPA. El canciller de Honduras, Enrique Reina, afirmó que la suspensión temporal de la cooperación de Estados Unidos, anunciada por el presidente Donald Trump, afectará principalmente al sector privado y a las organizaciones no gubernamentales (ONG).
«Esta decisión tiene un impacto negativo directo para ellos, por lo que debemos coordinar esfuerzos. Si esta cooperación se corta, las ONG y el sector privado serán los más perjudicados, más que el Gobierno central«, declaró Reina.
Según el canciller, la cooperación estadounidense ascendía a aproximadamente 700 millones de dólares, canalizados en gran medida a través de ONG y empresas del sector privado. «Es importante reconocer que esta ayuda no pasa directamente por el Gobierno central. Por eso, estos sectores deben cabildear con sus aliados en Estados Unidos, ya que serán los principales afectados», señaló.
Reina añadió que, a pesar de la decisión de suspender la cooperación, Honduras continuará buscando el diálogo y la colaboración con la administración de Trump.
MIGRACIÓN
En relación con las recientes medidas migratorias adoptadas por el Gobierno de Trump, el canciller anunció una serie de acciones orientadas a apoyar a los hondureños afectados. Estas incluyen la apertura de más consulados en México y el fortalecimiento del respaldo a los compatriotas en Estados Unidos.
«Brindaremos apoyo en temas como la documentación necesaria y respaldo legal, con ayuda de organizaciones de migrantes que trabajan de manera honoraria para analizar sus casos. También consideramos abrir nuevos consulados ante el incremento esperado de retornados y migrantes en busca de alternativas», explicó Reina.
El canciller destacó que, en su primer día de su segundo mandato, Trump eliminó la plataforma CBP One, que permitía el ingreso regular de migrantes. Además, reactivó el programa “Quédate en México” y anunció la militarización de la frontera sur, entre otras medidas.
Reina subrayó que en las conversaciones con la administración de Trump también se buscará priorizar una nueva extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS), del cual dependen cerca de 50,000 hondureños. «Es fundamental asegurar que nuestros compatriotas puedan seguir beneficiándose de este programa», concluyó.